Los tres niveles de la lucha política
En política hay tres niveles en los que conviene apoyarse para reformar una sociedad.
El primer nivel es normativo, y tiene que ver con los fundamentos éticos y filosóficos de la sociedad.
El principio de tener en cuenta los intereses de los animales en la definición del bien común no recibe una adhesión inmediata, pues no solo choca con muchos intereses humanos sino que, además, nuestras pasiones nos dividen y, como decía Hobbes, no estamos seguros de que mañana querremos lo que queremos hoy. Ni siquiera un interés obvio que debería exhortarnos a evitar la guerra basta para poner de acuerdo a los individuos. A diferencia de los animales gregarios, como las abejas y las hormigas, que ven inmediatamente dónde está el bien común, nosotros necesitamos la institución política y la fuerza imperativa de la ley para crear las condiciones de una paz duradera y aplicar la justicia.
Esto ha ocurrido siempre con todos los principios de la justicia y todas las grandes luchas, como la abolición de la pena de muerte, que no ha sido el resultado de una suma de opiniones ni de un referéndum, sino el fruto de una decisión racional y argumentada que, hundiendo sus raíces en la tradición, actualizaba lo más noble de nuestra civilización. La justicia no es una pasión. Sus principios no se aplican de forma arbitraria. Se basan en una filosofía que explica el sentido de la existencia humana y de la asociación política, como hemos mostrado en un libro anterior, Les nourritures. Nadie se los ha sacado de la manga, como si no tuvieran nada objetivo, sino que se han reconocido al término de un proceso deliberativo.
Por todos estos motivos, el marco del contrato social es pertinente. Porque designa un convenio entre los humanos: el bien común no es algo que viene dado, hay que buscarlo e instaurarlo. El contrato social, que es una norma y no un hecho, y subraya el carácter artificial del Estado, es un acuerdo entre humanos. Se trata de lograr que entre las finalidades de la política se mencione explícitamente la defensa de los intereses de los animales. Cuando los principios en que se basa la justicia de una comunidad política están consignados en su constitución, adquieren una fuerza y una visibilidad que facilitan su cumplimiento.
El segundo nivel en el que conviene apoyarse para reformar la sociedad es el representativo. Para que los intereses de los animales lleguen a ser una finalidad del Estado y un principio constitucional que se aplique realmente, y para que la cuestión animal se examine de manera transversal en todas las políticas públicas, es preciso completar la democracia representativa.
Los representantes, como es natural, están más preocupados por los intereses de los humanos que les han dado su mandato que por la suerte de los animales. Para que la cuestión animal no quede eclipsada por nuestras preocupaciones inmediatas conviene designar a unas personas encargadas de velar, dentro de las instancias deliberativas y no al margen de ellas, por la inclusión de los intereses de los animales en las políticas públicas. Su control consistiría no tanto en proponer nuevas leyes como en exigir la revisión o el rechazo de las que contradigan el principio constitucional que establece la integración de los intereses de los animales en el bien común.
La primera etapa consistiría en lograr que la mejora de la condición animal, y no el fin de la explotación, sea un deber explícito del Estado. Los humanos encargados de verificar que no se olvide a los animales en todas las políticas públicas (de agricultura, ganadería, deporte, cultura, educación, transporte y comercio) podrían pedir la supresión de algunas prácticas que supongan un claro maltrato. Su cometido también consistiría en promover mejoras significativas en la utilización de animales y convencer a los agentes económicos y los ciudadanos para que poco a poco cambien sus formas de producir y consumir.
Este cometido sería el de censores, porque tendrían sobre todo poder de veto,pero no se reduciría a él. Su presencia en las instancias deliberativas instalaría progresivamente la cuestión animal en la sociedad, la economía y la cultura, y promovería la transición democrática a una sociedad justa con los animales.
El nombramiento de estos representantes que ocuparían escaños junto a los diputados y senadores podría hacerse por sorteo a partir de una lista de personas que hubieran dado muestras de compromiso con la causa animal. Estas personas también deberían ser capaces de intervenir de manera pertinente y elocuente, respetando las reglas de la ética de la discusión: tolerancia, escucha, pero también argumentación, transparencia, capacidad de ampliar su punto de vista pensando en lo que puede tener sentido para la comunidad, y de revisarlo de acuerdo con los datos que vayan apareciendo.
En esta lista también habría etólogos y personas capaces de presentar alternativas a la experimentación animal y a la alimentación con carne, a condición de que posean las cualidades antes mencionadas y no tengan ningún conflicto de intereses con los grupos de presión. Estos representantes se nombrarían por sorteo y para un periodo determinado, evitando así el desgaste y la corrupción que produce el ejercicio del poder. Durante su mandato, las y los que fueran docentes o investigadores obtendrían la excedencia, y los profesionales liberales recibirían una compensación económica por la suspensión de sus actividades.
El tercer nivel de la acción política es el espacio público. Se trata de hacer todo lo posible para que los individuos, simples ciudadanos, representantes políticos y agentes económicos, integren a los animales en la esfera de la consideración moral, y para que estén dispuestos a promover la justicia con los animales. Un movimiento cultural, filosófico y artístico que explique la importancia y la universalidad de la causa animal es la clave de esta evolución social y política. También puede pasar por la creación de un partido animalista abanderado de la causa animal, que recuerde a los demás partidos su carácter insoslayable y contribuya a la formación de la opinión pública.
En política hay tres niveles en los que conviene apoyarse para reformar una sociedad.
El primer nivel es normativo, y tiene que ver con los fundamentos éticos y filosóficos de la sociedad.
El principio de tener en cuenta los intereses de los animales en la definición del bien común no recibe una adhesión inmediata, pues no solo choca con muchos intereses humanos sino que, además, nuestras pasiones nos dividen y, como decía Hobbes, no estamos seguros de que mañana querremos lo que queremos hoy. Ni siquiera un interés obvio que debería exhortarnos a evitar la guerra basta para poner de acuerdo a los individuos. A diferencia de los animales gregarios, como las abejas y las hormigas, que ven inmediatamente dónde está el bien común, nosotros necesitamos la institución política y la fuerza imperativa de la ley para crear las condiciones de una paz duradera y aplicar la justicia.
Esto ha ocurrido siempre con todos los principios de la justicia y todas las grandes luchas, como la abolición de la pena de muerte, que no ha sido el resultado de una suma de opiniones ni de un referéndum, sino el fruto de una decisión racional y argumentada que, hundiendo sus raíces en la tradición, actualizaba lo más noble de nuestra civilización. La justicia no es una pasión. Sus principios no se aplican de forma arbitraria. Se basan en una filosofía que explica el sentido de la existencia humana y de la asociación política, como hemos mostrado en un libro anterior, Les nourritures. Nadie se los ha sacado de la manga, como si no tuvieran nada objetivo, sino que se han reconocido al término de un proceso deliberativo.
Por todos estos motivos, el marco del contrato social es pertinente. Porque designa un convenio entre los humanos: el bien común no es algo que viene dado, hay que buscarlo e instaurarlo. El contrato social, que es una norma y no un hecho, y subraya el carácter artificial del Estado, es un acuerdo entre humanos. Se trata de lograr que entre las finalidades de la política se mencione explícitamente la defensa de los intereses de los animales. Cuando los principios en que se basa la justicia de una comunidad política están consignados en su constitución, adquieren una fuerza y una visibilidad que facilitan su cumplimiento.
El segundo nivel en el que conviene apoyarse para reformar la sociedad es el representativo. Para que los intereses de los animales lleguen a ser una finalidad del Estado y un principio constitucional que se aplique realmente, y para que la cuestión animal se examine de manera transversal en todas las políticas públicas, es preciso completar la democracia representativa.
Los representantes, como es natural, están más preocupados por los intereses de los humanos que les han dado su mandato que por la suerte de los animales. Para que la cuestión animal no quede eclipsada por nuestras preocupaciones inmediatas conviene designar a unas personas encargadas de velar, dentro de las instancias deliberativas y no al margen de ellas, por la inclusión de los intereses de los animales en las políticas públicas. Su control consistiría no tanto en proponer nuevas leyes como en exigir la revisión o el rechazo de las que contradigan el principio constitucional que establece la integración de los intereses de los animales en el bien común.
La primera etapa consistiría en lograr que la mejora de la condición animal, y no el fin de la explotación, sea un deber explícito del Estado. Los humanos encargados de verificar que no se olvide a los animales en todas las políticas públicas (de agricultura, ganadería, deporte, cultura, educación, transporte y comercio) podrían pedir la supresión de algunas prácticas que supongan un claro maltrato. Su cometido también consistiría en promover mejoras significativas en la utilización de animales y convencer a los agentes económicos y los ciudadanos para que poco a poco cambien sus formas de producir y consumir.
Este cometido sería el de censores, porque tendrían sobre todo poder de veto,pero no se reduciría a él. Su presencia en las instancias deliberativas instalaría progresivamente la cuestión animal en la sociedad, la economía y la cultura, y promovería la transición democrática a una sociedad justa con los animales.
El nombramiento de estos representantes que ocuparían escaños junto a los diputados y senadores podría hacerse por sorteo a partir de una lista de personas que hubieran dado muestras de compromiso con la causa animal. Estas personas también deberían ser capaces de intervenir de manera pertinente y elocuente, respetando las reglas de la ética de la discusión: tolerancia, escucha, pero también argumentación, transparencia, capacidad de ampliar su punto de vista pensando en lo que puede tener sentido para la comunidad, y de revisarlo de acuerdo con los datos que vayan apareciendo.
En esta lista también habría etólogos y personas capaces de presentar alternativas a la experimentación animal y a la alimentación con carne, a condición de que posean las cualidades antes mencionadas y no tengan ningún conflicto de intereses con los grupos de presión. Estos representantes se nombrarían por sorteo y para un periodo determinado, evitando así el desgaste y la corrupción que produce el ejercicio del poder. Durante su mandato, las y los que fueran docentes o investigadores obtendrían la excedencia, y los profesionales liberales recibirían una compensación económica por la suspensión de sus actividades.
El tercer nivel de la acción política es el espacio público. Se trata de hacer todo lo posible para que los individuos, simples ciudadanos, representantes políticos y agentes económicos, integren a los animales en la esfera de la consideración moral, y para que estén dispuestos a promover la justicia con los animales. Un movimiento cultural, filosófico y artístico que explique la importancia y la universalidad de la causa animal es la clave de esta evolución social y política. También puede pasar por la creación de un partido animalista abanderado de la causa animal, que recuerde a los demás partidos su carácter insoslayable y contribuya a la formación de la opinión pública.
